La investigación publicada esta semana ha encontrado que se está impidiendo que los casos de trata de personas en Bangladesh avancen a través del sistema judicial debido a la falta de pruebas de las autoridades extranjeras y al apoyo financiero insuficiente para los sobrevivientes.
Las demoras en recibir justicia, así como los “mecanismos inadecuados de protección de testigos” y, en algunos casos, no poder permitirse buscar justicia en primer lugar son algunas de las fuentes de frustración para los sobrevivientes.
Estas frustraciones se vieron agravadas por la limitada colaboración internacional, con solo el 4% de los archivos legales que incluían pruebas de las autoridades extranjeras a pesar de que el 75% de los casos analizados en el estudio involucraban la trata de personas de Bangladesh en el extranjero.
Como se informó en Reuters esta semana:
El informe del lunes dijo que casi el 90% de las víctimas tenían dificultades para comprender los procedimientos judiciales y encontró que casi el 85% de los traficantes acusados eran conocidos por las víctimas, a menudo como familiares o vecinos.
Al comentar sobre los hallazgos del informe, Tariqul Islam, director de país de la ONG Justice & Care, que trabaja con el gobierno de Bangladesh para combatir la trata, dijo:
"Este (estudio) nos ha dado una idea de las brechas que están obstaculizando el proceso de enjuiciamiento ... Desde la perspectiva de la evidencia, nos dice cómo fortalecer los casos para condenar a los traficantes".
Si bien el país ha estado haciendo esfuerzos para despejar el atraso de los aproximadamente 4,500 casos de trata de personas que están pendientes de juicio, las víctimas aún encuentran barreras para acceder a la justicia.
Por ejemplo, a pesar de que el país abrió tribunales especiales el año pasado para procesar casos de trata, solo se emitió una condena, en comparación con nueve en 2019.
El Informe sobre la trata de personas de los Estados Unidos de 2020 también identificó que Bangladesh debe hacer más para aumentar las investigaciones y las condenas en los casos que involucran a personas rohingya, de los cuales alrededor de un millón residen en Bangladesh después de huir de Myanmar.
Para aliviar estos problemas identificados en el informe, el estudio recomendó:
"capacitar a los oficiales de investigación sobre cómo utilizar los tratados internacionales para obtener pruebas extranjeras e instó a las autoridades a ayudar a los testigos ” y también instó a las autoridades a “compensar a las víctimas y testigos de bajos ingresos, que a menudo dependen del salario diario y pierden dinero si tienen que comparecer ante el tribunal.
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