En un caso histórico en Victoria, Australia, una mujer fue condenada por obligar a su hija adolescente a casarse con un hombre que finalmente la mató. El caso, denunciado por The Guardian, arroja luz sobre las brutales realidades del matrimonio forzado y su clasificación como forma de esclavitud moderna.
Primera condena
“Es un mensaje disuasorio. La comunidad necesita saber que no se puede hacer esto. No se puede operar de esta manera en Australia. No es así como hacemos las cosas”. – Darren Renton, fiscal
Sakina Muhammad Jan, de 48 años, fue declarada culpable de obligar a su hija de 20 años a casarse con un hombre mayor de Perth en 2019, quien la asesinó en enero de 2020. Su sentencia se anunciará el 29 de julio de 2024. El marido en cuestión era condenado a cadena perpetua en Australia Occidental por el asesinato, con un mínimo de 19 años antes de poder optar a la libertad condicional.
Jan, que se declaró inocente, nació en una familia hazara en Afganistán y contrajo matrimonio concertado a la edad de 12 años, y tuvo su primer hijo un año después. El tribunal escuchó que la hija de Jan, Haidari, había expresado a su madre y a otras personas que no quería casarse con Halimi, acusando a Jan de cambiarla por una dote. Este fue el segundo matrimonio forzado de Haidari; el primero terminó en divorcio.
Motivada por el deseo de restaurar su reputación en la comunidad después del divorcio, se consideró que las acciones de Jan perpetuaban el ciclo de matrimonios forzados que experimentó.
“Parecía haber un malentendido fundamental [por parte de la madre] de que lo que se proponía estaba mal”. – Darren Renton, fiscal
Por qué luchamos contra el matrimonio forzado
Jan podría enfrentarse a 7 años de prisión, pero esto no traerá de vuelta a Haidari. Este trágico caso pone de relieve el grave impacto de los matrimonios forzados, que despojan a las personas de su autonomía y las someten a abusos físicos, emocionales y sexuales. No se debería haber permitido llegar tan lejos.
El matrimonio forzado es una práctica que no terminará hasta que sea ilegal en todas partes. Corresponde a los gobiernos legislar contra ello.
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