La UE está negociando nuevos requisitos para que las empresas lleven a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, pero el borrador actual no aborda la carga injusta que pesa sobre los pequeños agricultores con recursos extremadamente limitados para abordar estos problemas.
En un evento reciente, cinco agricultores le dijeron a la UE los cambios que quieren ver para garantizar que la nueva Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) conduzca a un mayor apoyo y colaboración con las empresas para abordar los daños sociales y ambientales, incluido el trabajo forzoso.
Las empresas deben brindar apoyo técnico y financiero a los pequeños agricultores
“Si hay trabajo infantil, se culpa a los agricultores. Si hay trabajo forzoso, lo hicieron los campesinos. ¿Deforestación? Son los agricultores”, dijo Daniel Amponsah, un productor de cacao de Ghana, en el evento, organizado por el grupo de trabajo de Conducta Empresarial Responsable.
La frustración de Amponsah está bien fundada. En un artículo de opinión para EURACTIV, Catarina Vieira (Solidaridad), Elena Lunder (Oficina de Defensa del Comercio Justo), Fanny Gauttier (Rainforest Alliance) y Meri Hyrske-Fischer (Fairtrade International) escriben:
Los pequeños agricultores a menudo son los que menos agencia tienen: menos recursos para invertir, falta de apoyo técnico y acceso limitado al crédito. Se les culpa por problemas que a menudo no son resultado de su propia elección, sino de la falta de alternativas. Y se espera que asuman la pesada carga de resolverlos.
El CSDDD en su forma actual corre el riesgo de poner a los agricultores en una situación aún más vulnerable. Cuando las empresas descubren problemas sistémicos en sus cadenas de suministro, como el trabajo infantil, existe el riesgo de que se alejen de los productores afectados en lugar de apoyarlos para abordar el problema.
Para abordar realmente los abusos generalizados de los derechos humanos y el daño ambiental, la directiva debe establecer la expectativa de que las empresas brinden asistencia técnica y financiera a los productores, en lugar de poner fin a su relación con ellos. Los proveedores solo deben abandonarse como último recurso si los intentos de abordar los impactos negativos no tienen éxito.
Las empresas deben revisar sus prácticas de compra
Uno de los principales impulsores de los daños sociales y ambientales en las comunidades productoras es la pobreza. Las prácticas desleales de compra de las empresas están impulsando y empeorando la pobreza entre los agricultores y sus familias.
Kpomin Edi, una agricultora de cacao de Côte d'Ivoire, habló en el evento sobre cómo los comerciantes de cacao rompieron los contratos de cacao sostenible, dejando a los agricultores de su cooperativa con grandes cantidades de cacao sin vender. Como resultado, no tuvieron más opción que vender el cacao como cacao convencional, a pesar de los mayores costos de producción en los que habían incurrido. La experiencia de Edi es solo un ejemplo de cómo las grandes corporaciones explotan las dinámicas de poder injustas.
La revisión de las prácticas de compra debe incluir el precio. Muchos agricultores de productos tropicales viven por debajo del umbral de la pobreza, sin otra opción que hacer que sus hijos trabajen en la granja para llegar a fin de mes. Este desequilibrio de poder deja a los agricultores incapaces de negociar un mejor precio.
Las empresas deben abordar cómo sus prácticas de compra causan y exacerban el daño a lo largo de su cadena de valor. El texto propuesto por la Comisión actualmente considera un salario digno (la cantidad que ganan los trabajadores contratados) como un derecho humano que las empresas deben defender; también debe incluir el ingreso digno (la cantidad que ganan los agricultores autónomos) como un derecho humano.
La directiva debe abarcar a todas las empresas
Pedro Marenja del Foro Nacional de Productores de Algodón de Mozambique explicó que 250,000 familias trabajan en la producción de algodón en su país. Pero los bajos ingresos han atrapado a muchos en un ciclo de pobreza, especialmente a mujeres y niñas. Además de la pobreza, la industria del algodón está asociada con muchos otros desafíos sociales y ambientales.
Los grupos de presión piden que la directiva cubra solo a los proveedores con los que las empresas europeas tienen relaciones directas. Sin embargo, en esos términos, la ley no abordaría los derechos humanos sistémicos y los problemas ambientales en las cadenas de valor y permitiría que las empresas continúen beneficiándose de ellos.
La propuesta actual solo cubre empresas agrícolas y textiles con más de 250 empleados. Pero la industria de la moda está compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas. De no revisarse este corte, hasta el 95% del sector textil no tendría que cumplir con las normas.
Todas las empresas que operan en Europa, sin importar su tamaño, deben asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones en sus cadenas de valor.
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El Parlamento Europeo está desarrollando actualmente la posición que adoptará para las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Ahora es el momento de enviar un mensaje claro a los eurodiputados de que queremos una ley que refleje las necesidades y preocupaciones de los pequeños agricultores y que tenga los dientes necesarios para librar las cadenas de valor de la esclavitud moderna y otros daños.
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